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SITUACION DE LA ASISTENCIA PENAL GRATUITA EN REPUBLICA DOMINICANA

La situación presupuestaria a la que se viene sometiendo la Defensa Pública Dominicana afecta sensiblemente el ejercicio del derecho de defensa de los mas desposeídos, pues la insuficiencia presupuestaria evita el ingreso de nuevos defensores, aumenta la carga laboral de los existentes, debilitando la calidad de la asistencia brindada, el capital humano existente y evitando que 13 distritos a nivel nacional se encuentran fuera del amparo y protección de la defensa pública ante la imposibilidad de abrir nuevas oficinas y reforzar las existentes.

Los recursos humanos y económicos existentes no permiten alcanzar el número de defensores necesarios para brindar el servicio de manera adecuada, pero de igual modo, ha sometido a los defensores a una radical disminución de su calidad de vida, tras 4 años sin aumento salarial, pese a los incrementos del costo de la vida y exigencias del servicio prestado, que les coloca en todos los tribunales penales, desde el inicio de la persecución hasta el cumplimiento definitivo de las sentencias, en el contacto permanente y continuo con los imputados puestos a su cargo, mismos que se encuentran  presos en distintas cárceles del país, obligando a los defensores a trasladarse a otras provincias para poder contactar sus usuarios y preparar una defensa adecuada.



De igual modo, dan seguimiento a la calidad de vida de los detenidos, reposando en sus hombros asegurar que la protección y respeto de los derechos fundamentales de los privados de libertad sean respetados.
En el ejercicio de sus funciones que pretenden puedan mantener la calidad en el servicio la sobrecarga de entrada de casos asignados a un pequeño número de defensores arriesga al colapso una de las instituciones cuyo manejo y servicio ha beneficiado por once años al sistema de justicia penal dominicano, otorgándole ele equilibrio necesario para que podamos hablar de un debido proceso, dando a los investigados y juzgados la oportunidad de presentar una posición activa en el proceso, defendiéndose de las acusaciones promovidas en su contra y presentando las pruebas que puedan ayudar su caso.

Sin embargo, este gran logro que ha ganado a la Defensa Pública el reconocimiento internacional, pues pese a ser una de las más jóvenes de Latinoamérica ha logrado niveles de eficiencia, eficacia y efectividad soñados por la mayoría de las defensas públicas; siendo hoy su directora la directora de la Asociación de Defensas Públicas, pero el reconocimiento institucional y aquel que día a día realizan los actores de la justicia penal, de la mano a la realidad de que desde el 2010 la Defensa Pública Dominicana es un órgano constitucional no han logrado obtener el apoyo y conciencia de nuestros Poderes Legislativo y Ejecutivo sobre la importancia de fortalecer, mantener y dignificar la labor que realiza la Defensa Pública y la importancia que esta tiene para que exista una justicia que garantice a todos y todas por igual, que quienes sean señalados como presuntos autores o complices de crímenes y delitos, encontrarán un juicio justo, en el que podrán ser oídos en condiciones de igualdad y representados por técnicos preparados para enfrentar el proceso penal con todas sus garantía.
En ese sentido saludo como acertada la Instrucción 1/2014 dictada por la Dra. Laura Hernández Román, Directora Nacional de la Defensa Pública,  pues regula y viabiliza que el servicio prestado por nuestra institución alcanzará a los más necesitados, evitando que pueda seguir promoviéndose el mal uso de los esfuerzos y capital humano institucional.

Espero que nuestro pueblo, los distintos actores del sistema de justicia y los representantes del pueblo dominicano a quienes les ha sido confiada la protección efectiva de los derechos de todos, puedan valorar en su justo valor el servicio que reciben miles de dominicanos, para quienes existe una única posibilidad de voz ante el proceso penal, la de su defensor  público.

Promovamos y apoyemos la adecuación del presupuesto asignado a la Defensa Pública para que la incorporación paulatina de nuevos defensores públicos al servicio  de la defensa penal gratuita de los imputados pueda ser un hecho y todos puedan gozar de la oportunidad de ser asistidos sin discriminación de los 13 distritos judiciales que hoy no cuentan con la protección y asistencia legal de los miembros de la ONDP y su equipo  pueda contar con la calidad de vida y condiciones que exigen el servicio que les ha sido confiado.

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